Tras la renuncia provisional de Puigdemont, ante la opción alternativa de Jordi Sanchez, la maquinaria judicial se ha puesto a la labor y el gobierno del Estado está imprimiendo su aferrada oposición frente a la nueva propuesta de investidura por el president Torrent, incluso ha amenazando con continuar aplicando el 155 en el caso de que Jordi Sánchez pueda ser investido president de Catalunya.

No solo han puesto en marcha toda su artillería autoritaria, dialéctica y judicial, para impedir que la persona que la mayoría del pueblo catalán a través de su parlamento ha decidido que reedite su condición de president, sino que se han propuesto no dejar que ninguno de los candidatos de consenso popular y de gran capacidad de liderazgo pueda acceder a la presidencia.

Les tienen miedo como adversarios políticos y pretenden debilitar las fuerzas independentistas únicamente dejando ejercer el cargo a políticos de segundo nivel. Lo demostraron cuando únicamente dejaron en prisión a Junqueras y a los Jordis (a Joaquim Forn lo han mantenido por otro motivo distinto) y, por otra parte, al no poderlo encarcelar, han perseguido y han asediado a Puigdemont hasta límites rocambolescos.

El operativo que aplicaron de búsqueda y captura en fronteras, maleteros de coche, cloacas y en aviones privados, demuestra ese pavor hacia una persona que el único crimen que ha cometido es pretender desplegar sus ideas, presentarse legalmente a unas elecciones con un programa que no está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, e intentar ejercer un derecho, el de la autodeterminación, reconocido internacionalmente.

Jordi Terris 06-03-2018

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