Entre la cascada de delitos que la fiscalía del Estado está manejando, ejercitando una interpretación del Código Penal a su medida al amparo de una consecución extraña de informes policiales, todo ello para combatir y derrotar al independentismo catalán, nos encontramos con el delito de “incitación al odio”, en relación al cual han sido imputadas toda una serie de personas –todas ellas del mismo color político–, simplemente por ejercer ese derecho fundamental y democrático que representa la libertad de expresión. O como los 9 profesores de Sant Andreu de la Barca acusados y linchados mediáticamente por ejercer bien su trabajo.

Y yo me pregunto: ¿la utilización partidista de la justicia para resolver este enquistado problema político, no es una incitación al odio? ¿Las violentas cargas policiales del 1 de octubre no fueron medidas que claramente incitan al odio? ¿Mantener en prisión preventiva a gran parte del gobierno catalán y a pacifistas como los Jordis por un supuesto delito de rebelión que ningún jurista cualificado ajeno al gobierno justifica, esto no es incitación al odio? ¿Acusar a miembros del CDR de delitos de terrorismo y rebelión y pretender encarcelarlos preventivamente bajo penas de 30 años de prisión, que por suerte un juez sensato ha desestimado, no es otra causa de incitación al odio?

Es triste y sorprendente que el gobierno central no sea consciente que toda esta escalada represiva del “a por ellos», lo único que hace es impulsar y alimentar ese odio que, por cierto, en Catalunya prácticamente no había existido nunca. Por cada detención, por cada Euroorden, por cada abuso de poder y por cada acto de represión, miles de catalanes se suman al sentimiento de indignación. El distanciamiento es un hecho que cada vez se hace más irreversible y el tiempo pondrá sin duda a cada uno en su lugar.

Jordi Terris El Periodico 23-04-2018

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